La renovación de la calle de San Francisco se ejecutó sin la autorización de la Generalitat, necesaria para una zona declarada Bien de Interés Cultural
El PP acusa al PSOE de destruir el patrimonio del casco antiguo
El Ayuntamiento de Alcoy ejecutó las obras de renovación de pavimento de la calle de San Francisco sin autorización de la Conselleria de Cultura, tal y como obliga la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana. Así lo constata un informe de la conselleria, difundido por el Partido Popular de Alcoy, que reclama al Ayuntamiento informes técnicos sobre el proyecto, ejecutado en 2020, e insiste en la necesidad de solicitar autorización para este tipo de intervenciones. A pesar de este informe, fechado en septiembre, el Gobierno del PSOE ha seguido realizando obras similares sin solicitar los permisos a la conselleria.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Quique Ruiz, ha explicado que la Ley de Patrimonio de la Comunidad Valenciana, en su artículo 35, señala la necesidad de que la conselleria autorice “actuaciones de urbanización de los espacios públicos que sobrepasen su mera conservación y/o reposición”. En su artículo 37, la ley califica de “ilegales” las obras “realizadas sin autorización o apartándose del contenido de esta”.
Ruiz ha detallado que, tras comprobar el resultado de un obra que cambió materiales nobles por otros de menor calidad y transformó el paisaje de un espacio declarado Bien de Interés Cultural y Conjunto Histórico Artístico, el PP preguntó a la conselleria si había autorizado la obra. La conselleria pidió al Ayuntamiento una copia del proyecto en julio. En septiembre, una vez revisado el proyecto, emitió un informe que detecta “deficiencias en la documentación”. Los técnicos de la conselleria constatan la falta de “informes técnicos del arquitecto y arqueóloga municipal en relación con el proyecto, las obras realizadas y su adecuación al conjunto histórico y los efectos de las actuaciones realizadas en el Conjunto histórico”.
La conselleria reclama estos informes al Ayuntamiento, así como un “estudio patrimonial redactado por técnicos competentes, que evalúen la incidencia de la actuación, sobre la correcta percepción y la dignidad en el aprecio de la escena o paisaje urbano de los monumentos, su entorno y el conjunto en general, como es el caso de los espacios libres por actuaciones de reurbanización”. El Ayuntamiento aún no ha remitido estos informes. El portavoz del PP ha instado al PSOE a que lo haga de forma “urgente”, tal y como pide la conselleria.
Para Ruiz, lo más grave es que en septiembre la conselleria, ante la inminente adjudicación de obras similares en las calles adyacentes a la de San Francisco, señaló que para estos trabajos “el Ayuntamiento debe solicitar autorización con anterioridad a la ejecución de las mismas”. Y la respuesta del PSOE ha sido adjudicar y ejecutar estas nuevas obras sin pedir permiso. “Desde antes de adjudicar estas nuevas obras hemos estado avisando al gobierno municipal, pero han hecho oídos sordos. El equipo de Antonio Francés no escucha ni a vecinos, ni a comerciantes y mucho menos a la oposición y definitivamente se han realizado las obras sin la autorización preceptiva”, expone el edil.
Quique Ruiz ha lamentado la situación y la actitud del gobierno municipal: “Nos entristece que una obra tan importante para el centro histórico tenga tantas carencias y no cuente con informe alguno de arquitectura. El regidor apunta que a los ciudadanos se les exigen muchas normas que después el mismo Ayuntamiento no cumple. “Hasta para pintar una fachada se requiere autorización de conselleria y el Ayuntamiento ha destrozado el patrimonio de la ciudad sin permiso alguno”, valora.
Las obras de la calle de San Francisco y plaza Ramón y Cajal se ejecutaron en 2020 por 362.939,50 euros. Las de las calles San Mauro, Santa Rita y El Tap están en marcha por un importe de 229.944,06 euros. “Hemos gastado más de medio millón euros en destruir nuestro centro, introduciendo materiales prefabricados de baja calidad que son indignos de un espacio protegido como bien cultural”, recalca.
Según la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 37, en casos de obras ilegales podrá requerirse al promotor de las mismas a la restitución de los valores afectados, mediante la remoción, demolición o reconstrucción de lo hecho.
Simulación del proyecto