El PP reprocha que el Gobierno de Francés contratase en año electoral a 195 jóvenes para luego pagarles por debajo de los sueldos marcados en el Estatuto de los Trabajadores

 

El Partido Popular de Alcoy denuncia que el gobierno local, del PSOE, haya forzado a los jóvenes afectados por los bajos sueldos del programa Avalem Joves 2018-2019 a recurrir a los tribunales para que el Ayuntamiento de Alcoy compense los salarios.

Los jóvenes cobraron por debajo de lo marcado por el Estatuto de los Trabajadores: menos del 60% de los salarios del personal municipal, según constata un informe de la Inspección de Trabajo. Trece de los afectados han presentado demanda ante juzgados de lo Social de Alicante.

El proceso judicial por los salarios precarios empieza el próximo 22 de mayo

La portavoz adjunta del PP Lirios García, denuncia que “el PSOE obliga a los jóvenes a acudir a la Justicia para percibir lo que otros Ayuntamientos, como Alicante, Ontinyent o Elche, sí abonaron desde primer momento”.

La edil, acusa al gobierno de Toni Francés “de abandonar a los jóvenes y después ir en contra de ellos en los juzgados, ya que el Ayuntamiento les pagó por debajo de los salarios mínimos fijados por el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, a un administrativo que debía haber percibido 1.113 euros, solo cobró 879 euros. O un profesor de escuela infantil al que correspondía un mínimo de 1.386 euros, solo percibió 883 euros”.

Pasadas las elecciones, el PSOE se negó a compensar los salarios, tal y como reclamaban los jóvenes. La negativa del Gobierno de Toni Francés a pagar la diferencia ha forzado a que los afectados presenten demanda judicial de la mano del sindicato Comisiones Obreras. Hasta la fecha han presentado demanda 13 jóvenes.

Lirios García reprocha al PSOE que utilizase electoralmente a los jóvenes, a los que contrató de forma masiva para luego negarles el salario que les correspondía, según señala la Inspección de Trabajo en el informe emitido a raíz de una denuncia de Comisiones Obreras. García lamenta que ahora los jóvenes “se vean obligados a destinar sus recursos a pleitear contra el Ayuntamiento de Alcoy”.

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